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kloi (19K) Guerra civil en caceres

Todas las guerras son malas porque simbolizan el fracaso de toda política. Pero las guerras civiles, en que ambas trincheras hay hermanos, son imperdonables, porque la paz no nace cuando la guerra termina. "Charles de Gaulle"

EL ALZAMIENTO EN LA CIUDAD DE CÁCERESAlrededor de las once de la mañana del día 19 de julio de 1936, un Batallón del Regimiento de Argel nº 27, al mando del comandante Linos Lage, sale de su cuartel y desfila por la ciudad de Cáceres. Lleva banda de música y porta bandera republicana. Es domingo, y en la ciudad reina la confusión. El Gobierno ha dado a conocer por la radio la sublevación militar en África, pero afirma controlar la situación en casi todo el país. El periódico local «Extremadura» ha recibido órdenes de no comunicar ni una sola línea de información sobre el levantamiento militar. Además, las comunicaciones periodísticas han quedado interrumpidas desde el día 17, justo después de haber llegado a la redacción del diario un telegrama cifrado que daba cuenta de la sublevación en África. El Batallón desfila por las calles Canalejas (hoy Barrionuevo) y General Ezponda hasta desembocar en la Plaza Mayor. Allí, frente al Ayuntamiento, el comandante Linos proclama el Estado de Guerra.

Después las tropas se encaminan hacia la plaza de Santa María para tomar el Gobierno Civil y la Diputación Provincial. En el primero se hallan reunidos importantes miembros locales del Frente Popular. La Guardia de Asalto que custodia el edificio opta por no oponer resistencia a las fuerzas del comandante Linos. Detenidas las autoridades republicanas, el Ejército, ayudado por la Guardia Civil que se había sublevado siguiendo las órdenes del comandante Fernando Vázquez, ocupa los principales edificios públicos de la ciudad (Correos, Telégrafos, Casa del Pueblo, etc.), sin disparar ni un solo tiro.

El único incidente bélico de ese día se produce en las inmediaciones de la cárcel. Dentro se encontraban detenidos numerosos falangistas, entre ellos el jefe Provincial, capitán Luna. Algunos militantes socialistas y comunistas tratan de llegar hasta allí a bordo de un camión, con el objetivo de hacerse cargo de los presos. La Guardia Civil les sale al paso y se entabla un tiroteo entre ellos, huyendo sin detenerse los republicanos. El incidente le salda sin ninguna baja por ambas partes.

Liberado el capitán Luna, se pone rápidamente al mando de las milicias falangistas que, ya en el mismo día 19, levantan en pie de guerra, exclusivamente en la ciudad de Cáceres, cerca de mil hombres. Desde su puesto de jefe Provincial de Falange, Luna jugaría un importante papel en la ocupación de numerosos pueblos de la provincia, al ordenar a las agrupaciones locales la toma de ayuntamientos y el refuerzo militar de algunos puntos de interés estratégico, tales como el Puerto de Miravete, el puente de Almaraz y las líneas fronterizas con Portugal.

La represión no se hace esperar. Detenidos el gobernador y el alcalde constitucionales, el Jefe Militar de la Plaza, coronel Álvarez Díaz, nombra al comandante de la Guardia Civil, Fernando Vázquez, gobernador de la provincia, y al capitán Luciano López Hidalgo, nuevo alcalde de la ciudad. A partir de ahí, comienzan los encarcelamientos masivos de miembros del Frente Popular y las ejecuciones. El primero en ser asesinado es Pedro Montero Rubio, director de «Unión y Trabajo». El capitán Luna se distinguirá especialmente en las labores represivas.

Al acabar el día 19, la situación en las capitales extremeñas era radicalmente distinta. Mientras Badajoz permanecía fiel a la República, bajo el mando del Comandante Militar de la plaza, el general de brigada Castelló, Cáceres se adhería al Alzamiento militar. La afirmación de Javier Tusell de que «en Extremadura la decisión a favor de la sublevación en Cáceres o en contra de ella (Badajoz) dependió de las fuerzas de orden público», debe ser convenientemente matizada (TUSELL, J.: Siglo XX. Manual de Historia de España. Historia 16, Madrid, 1990.). La actitud que adoptaron la Guardia Civil, la Guardia de Asalto y el Cuerpo de Carabineros fue decisiva, pero no hay que olvidar el papel fundamental del Ejército. En Cáceres, el Regimiento Argel se sublevó sin el conocimiento previo de su jefe, coronel Álvarez Díaz. Todos los testimonios recogidos apuntan a que los capitanes Visedo y Viñeta estuvieron al tanto de la trama. Los hechos parecen indicar que aquél se enteró de la sublevación el mismo día dieciocho. ¿Fue obligado a encabezar el Alzamiento en Cáceres? ¿Fue convencido por la inevitabilidad de la rebelión? Sucediese lo que sucediese, su actitud de encabezar las tropas del Regimiento resultó decisiva para la suerte de la ciudad. Tal vez el miedo o la indecisión forzaran su actitud, puesto que el Regimiento Argel dependía de la 14ª Brigada de Infantería, cuyo cuartel general estaba en Salamanca bajo el mando del general García Álvarez, quien rápidamente se había adherido a las tropas rebeldes. Algo similar sucedió con la dotación de la Guardia Civil, que fue conducida por el comandante Vázquez, prescindiendo completamente del teniente coronel jefe del Cuerpo.

LOS PREPARATIVOS DE LA SUBLEVACIÓNEn las elecciones de 1.936, el Frente Popular había obtenido un indiscutible triunfo en toda Extremadura. Este hecho agudizó las tensas relaciones entre los terratenientes rurales y las masas de jornaleros. Animados por la promesa de Reforma Agraria que los líderes de la izquierda habían enarbolado durante la campaña electoral, numerosos jornaleros extremeños comenzaron las ocupaciones de fincas, pertenecientes, en su mayor parte, a latifundistas de las principales familias del país. Ante los gritos de «Justicia Social», y presionado por los últimos acontecimientos, el Gobierno firmó, el tres de marzo, el llamado «Decreto de los yunteros», con el fin de dar carácter legal a las ocupaciones de tierras en Extremadura. Otro Decreto, de fecha catorce de Marzo, amplía los beneficios de los yunteros extremeños a los de las provincias limítrofes. Según Ricardo de la Cierva, los asentamientos legalizados en la provincia de Cáceres cubrieron 78.083 hectáreas. Y añade: «la nueva legislación agraria del Frente Popular no se debe por lo general a la iniciativa del gobierno, sino al deseo de legalizar las ocupaciones de fincas emprendidas espontáneamente por los campesinos, orientados, eso sí, por las organizaciones sindicales del proletariado» (DE LA CIERVA, R.: Historia de la Guerra civil Española. Editorial San Martín, Madrid, 1969.). Según datos señalados por Salvador de Madariaga, «Azaña instaló en tierra propia a 75.000 campesinos de Extremadura» (MADARIAGA, S.: España. Buenos Aires, 1964.).

Los conflictos sociales, los enfrentamientos en la calle y los ataques indiscriminados a locales de formaciones políticas fueron frecuentes en Extremadura durante la primavera del 36. Las fuerzas de derechas, fundamentalmente los falangistas, aumentaron las acciones de propaganda por los pueblos. Estos actos desembocaban muchas veces en conatos de violencia. Los grupos de izquierda respondían con mítines y ocupaciones de fincas. Las detenciones de elementos derechistas eran frecuentes en muchos pueblos extremeños, aunque pronto se los dejaba en libertad sin cargo alguno. Esa indisciplina social de las fuerzas políticas, en medio de un clima de mutuo hostigamiento, acrecentó la agitación pública y la anarquía en la calle, frente a las cuales el Gobierno nada o casi nada podía hacer.

EL ALZAMIENTO Y LA RESISTENCIA REPUBLICANA EN LA PROVINCIAUna vez dominada la capital, los oficiales rebeldes transmitieron órdenes a las guarniciones militares y a los destacamentos de fuerzas de orden público de toda la provincia, conminándolos a destituir a todas las autoridades civiles del Frente Popular y a su sustitución por personas afines a las ideologías derechistas y falangistas. En aquellos pueblos donde existía cuartel de la Guardia Civil, sería ésta la encargada de destituir a los concejales; en los que no, pequeños destacamentos militares o milicianos falangistas tomarían los ayuntamientos, nombrando a personas adictas como nuevas autoridades.

Las primeras órdenes fueron cursadas al Batallón de Ametralladoras de Plasencia, cuyo teniente coronel jefe, José Puente Ruiz, rápidamente decretó el estado de guerra en la ciudad, sin encontrar resistencia por parte de militares izquierdistas. En los pueblos cabezas de partido judicial como Coria, Trujillo, Logrosán, etc., fue la Guardia Civil la encargada de adueñarse de la localidad, así como de enviar patrullas a otros pueblos del partido con el fin de prevenir posibles núcleos de resistencia.

Aunque la provincia de Cáceres fue dominada con gran celeridad por las fuerzas nacionales, existieron núcleos de resistencia antifascista que hubo que eliminar mediante violentos combates. En muchos pueblos, una vez confirmadas las noticias del triunfo de la sublevación en Cáceres, partidas de jornaleros y miembros de partidos obreros escaparon al monte, huyendo de la represión nacionalista. Eran partidas escasas, débilmente armadas, que apenas pudieron oponer resistencia a los guardias civiles y de asalto encargados de su captura. Así sucedió en Ceclavín, Torrejoncillo, Sierra de Gata y en algunas localidades al sur de Trujillo y Montánchez.

Mayor importancia tuvo la resistencia habida en algunos pueblos cacereños cercanos a la frontera de Portugal, debido a las ventajas que ésta representaba, en caso de huida, para los milicianos o los guardias civiles fieles al Gobierno. La cercanía de las líneas republicanas explica también la mayor resistencia de varios pueblos próximos a las rayas de Badajoz y Toledo.

Los carabineros y la Guardia Civil de Alcántara sofocaron a grupos republicanos en Zarza la Mayor, después de intensos enfrentamientos. En Cedillo, los carabineros no aceptaron las órdenes del Gobierno Militar de Cáceres y se declararon fieles a la República. Junto con milicianos marxistas hicieron frente a las tropas nacionales y a las escuadras falangistas. Según el diario «Hoy» (28-8-36), los nacionales causaron al enemigo 14 muertos, además de capturar un número importante de prisioneros; el resto huyó ganando la frontera portuguesa. Dos guardias aprehendidos fueron fusilados a los pocos días por permanecer leales a la Constitución que juraron.

En San Vicente de Alcántara, la población se negó a aceptar las órdenes de los sublevados. El día 23 fue detenido un tren que circulaba desde Valencia de Alcántara a Portugal, capturándose como prisioneros a los seis guardias civiles que lo escoltaban. Falangistas, guardias de asalto y compañías del Batallón 21, al mando del comandante Linos, salieron de Cáceres el 26 de julio para liberar a los guardias detenidos. Tras la operación de castigo, los nacionales se retiraron y el pueblo volvió a manos gubernamentales con ayuda de tropas de la guarnición de Badajoz. Igualmente se desarrollaron operaciones de limpieza en Cilleros y en áreas de la Sierra de Gata. Gran parte de los milicianos huidos se refugiaron en Portugal.

En Carmonita, pueblo situado al sur de Montánchez y relativamente cercano a las líneas republicanas, las fuerzas de izquierda se adueñaron del pueblo y encarcelaron a falangistas y personas de derechas. Tropas del Regimiento Argel liberaron la villa, rescatándose a los prisioneros.

Otros focos de resistencia se produjeron en Hervás, donde la Guardia Civil se negó a secundar la rebelión, siendo sometida a los pocos días, y ejerciéndose una cruel represión el día 30 de julio en toda la comarca; y en Madrigal de la Vera, hasta donde tuvo que desplazarse una compañía de ametralladoras de Plasencia para liberar a 20 guardias civiles que, al mando del teniente jefe del puesto, resistían el asedio de las milicias republicanas que habían tomado el pueblo.

Sería, sin embargo, en Navalmoral de la Mata y en su comarca, donde mayoritariamente resistirían los grupos republicanos. De hecho no se puede hablar de conquista definitiva de Navalmoral hasta que Yagüe no la toma en su ofensiva sobre Talavera. Hay que tener en cuenta que el pueblo moralo era el feudo de la CNT en la provincia de Cáceres. La conflictividad agraria había curtido a los jornaleros en enfrentamientos y su conciencia social estaba altamente desarrollada. En esas condiciones, y a pesar de la adhesión de la Guardia Civil al golpe militar, la pacificación del pueblo fue imposible.

El jefe del Gobierno, José Giral, con intereses y familiares en la comarca organizó y envió a Navalmoral, lo que podría ser llamado una administración paralela de la provincia, al frente de la cual colocó a Ignacio Mateos Guija como Gobernador Civil. El 20 de julio éste requirió a las fuerzas militares para que acatasen su autoridad y se rindiesen. Simultáneamente convocó a los trabajadores de la provincia a la huelga general, como forma de expresar la oposición al fascismo. El día 21 salió de Cáceres una columna mixta de 140 hombres, entre soldados del Regimiento Argel, Guardia Civil y guardia de asalto, a los que se sumarían miembros de la falange trujillana. Los republicanos habían dispuesto una débil defensa en el puente de Almaraz, custodiado por una partida escasa y con armamento deficiente, lo que no representó obstáculo alguno para las tropas nacionales. Resulta inverosímil que los milicianos no volasen el puente sobre el río Tajo para retrasar el avance de los nacionales y rendir el cuartel de Navalmoral. Pero esto parece ser un ejemplo más de la desorganización de las milicias republicanas y de la ausencia de mandos auténticamente militares que los dirigiesen.

La columna conquistó fácilmente el pueblo de Almaraz y se dirigió hacia Navalmoral. Allí la resistencia fue mayor: la toma del Ayuntamiento costó la vida a varios hombres de la columna. Según el diario «Hoy» (28-8-36), dos de los principales cabecillas fueron juzgados sumarísimamente y fusilados al amanecer. Sin embargo la represión fue mayor que la reconocida por la propaganda de la prensa nacionalista. Las purgas se extendieron por toda la comarca, alcanzando especialmente al pueblo de Peraleda de la Mata.

LA REPRESIÓNNi con la finalización de la guerra, acabaría la represión. Con la captura de miles de prisioneros, se potenciaron las comisiones de investigación para esclarecer la participación de los detenidos en actos de guerra. No todos alcanzaron ni siquiera el simulacro de un juicio justo. Numerosos testimonios de supervivientes avalan, que hasta bien entrado el año 42, continuaban los «paseos» en las cárceles. Grupos de falangistas elegían a los presos y los sacaban de la prisión; después simplemente desaparecían o eran encontrados en medio del campo con un tiro en la cabeza. Prisioneros aparecían «suicidados» dentro de las cárceles; otras veces, los cadáveres emergían henchidos, flotando en los ríos, por las acequias, en el fondo lóbrego de los pozos.

Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre el número de ejecutados tras la finalización de la guerra, por cuanto los datos de muchas muertes se hallan disfrazados en sus partidas de defunciones. Gran parte de la historiografía moderna calcula la cifra de ejecutados y muertos en prisión tras el fin de la guerra entre treinta y cincuenta mil personas, rebajando la citada años atrás por la historiografía anglosajona filorrepublicana, que la situaba cerca de las doscientas mil víctima.

Los que tuvieron la suerte de escapar a los fusilamientos, penaron durante años por los campos de concentración y los batallones de trabajadores. Las condiciones de vida eran allí infrahumanas y los detenidos temían constantemente por su existencia, pues aún no habían finalizado las ejecuciones de prisioneros.

El horror en alguno de esos campos alcanzó cotas difíciles de imaginar. Así narra Vila Izquierdo, recogiendo testimonios de supervivientes, las atrocidades cometidas en el campo de concentración de Castuera: «Tenía 70 barracones de madera. En cada uno de ellos se alojaban 100 prisioneros. Es decir, 7.000 hombres en un espacio reducido (...) Grupos de presos eran conducidos a la sierra a cortar madera, con la que construían nuevos barracones que dieran cabida a los prisioneros que no dejaban de llegar. Sin embargo, para acabar con el «problema», se intensificaron las ejecuciones». Aparte del tradicional sistema del paseo, los militares de Castuera utilizaron otros métodos de exterminio. Según Vila, «existían en la zona varias bocas de minas abandonadas. Periódicamente llegaban grupos de falangistas al campo, en su mayor parte de Castuera, y hacían formar a docenas de presos, que eran atados unos a otros por las caderas. Los primeros de la fila eran empujados al vacío y caían a los pozos de las minas, arrastrando a su vez al resto de los hombres» (VILA IZQUIERDO, J.: Extremadura: la guerra civil. Biblioteca Popular Extremeña. Universitas, Badajoz, 1984.). Después, y para asegurar la masacre, los falangistas arrojaban bombas de mano al fondo de la mina. Más de 12.000 hombres pasaron por el campo de Castuera, sin que sea posible determinar el número total de ejecutados en él.

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Autodeterminación

El derecho de libre determinación de los pueblos o derecho de autodeterminación:es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad.

La libre determinación está recogida en algunos de los documentos internacionales más importantes, como la Carta de las Naciones Unidas o los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

También numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU hacen referencia a este principio y lo desarrollan: por ejemplo, las resoluciones 1514 (XV), 1541 (XV) ó 2625 (XXV).

Es un principio fundamental del Derecho internacional público y un derecho de los pueblos, que tiene carácter inalienable y genera obligaciones para los Estados. Incluso, de acuerdo con muchos autores, la libre determinación ha devenido norma de ius cogens.